Agostina Páez fue acusada de injuria racial, pero nuevas imágenes revelan un contexto distinto al difundido inicialmente
La situación de la abogada santiagueña Agostina Páez generó fuerte repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre el uso parcial de imágenes, la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso, luego de que fuera detenida en Brasil acusada de injuria racial.
En los primeros registros difundidos públicamente, se la señalaba por haber realizado gestos considerados ofensivos hacia un hombre. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a circular nuevas imágenes que mostrarían una secuencia previa: el hombre involucrado habría realizado gestos obscenos con sus partes íntimas hacia Páez, hecho que no fue incluido en los primeros recortes que se viralizaron.
Prisión preventiva y denuncia pública
En las últimas horas, la propia Agostina Páez publicó un reel en su cuenta de Instagram donde expresó su profunda preocupación por la situación judicial que atraviesa. En la descripción del video escribió:
“Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se vulneren todavía más mis derechos, de los hechos no puedo contar, solo espero que todo se aclare y resuelva como corresponde. Dejen de usarme de ejemplo, muestren todo. Necesito ayuda”.
En el audio del video, Páez se identifica y denuncia que recibió una orden de prisión preventiva bajo el argumento de “peligro de fuga”, pese a que —según afirma— se encuentra con tobillera electrónica y a disposición de la Justicia brasileña desde el primer día.
“Estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, expresa en el mensaje.
Contexto legal y preocupación por el debido proceso
Brasil cuenta con una legislación estricta en materia de delitos de injuria racial, que prevé sanciones penales severas. No obstante, especialistas en derecho internacional y derechos humanos advierten que incluso en estos casos deben garantizarse plenamente el derecho a defensa, la proporcionalidad de las medidas cautelares y la evaluación integral del contexto en el que ocurrieron los hechos.
La difusión fragmentada de imágenes y la rápida condena social en redes sociales vuelven a poner en discusión el rol de la viralización digital y su impacto en procesos judiciales en curso.
Una mujer, extranjera y expuesta
El caso también plantea interrogantes sobre la situación de una mujer extranjera enfrentando un proceso penal fuera de su país, con barreras idiomáticas, culturales y legales. Desde distintos sectores se remarca la necesidad de que se respete la presunción de inocencia y se investigue el hecho en su totalidad, sin recortes ni ediciones parciales.
“Dejen de usarme de ejemplo, muestren todo”, reclamó Páez. Su pedido apunta a que se evalúe el episodio completo y no solo fragmentos aislados que puedan distorsionar lo ocurrido.
Pedido de esclarecimiento
Mientras el proceso judicial continúa, crece el pedido para que las autoridades actúen con transparencia y que se garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de Agostina Páez.
El caso ya trascendió fronteras y comienza a generar repercusión en Argentina, especialmente en Santiago del Estero, de donde es oriunda la abogada, donde distintas voces reclaman que se investigue con objetividad y que se evite una condena anticipada basada en recortes virales.