La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la que lo acusa de un posible conflicto de intereses vinculado a contrataciones entre empresas estatales y la consultora de su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con la presentación judicial, la firma “+Be”, propiedad de Angeletti, habría sido contratada de manera indirecta por compañías que mantienen vínculos con organismos públicos. Entre ellas se mencionan YPF, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la agencia recaudadora ARCA.
Según la denuncia, el mecanismo se habría dado a través de un esquema de triangulación: empresas con contratos con el Estado habrían subcontratado a la consultora de la esposa del funcionario, generando una red de vínculos comerciales cruzados entre el sector público y el entorno privado de Adorni. En ese sentido, Pagano advierte que este tipo de relaciones podría configurar un cuadro susceptible de conflicto de intereses, dado el rol jerárquico que el jefe de Gabinete ejerce sobre distintas áreas de la administración pública.
La presentación también menciona la participación de grupos empresarios con fuerte presencia en contrataciones estatales, como Datco, y señala conexiones con firmas interesadas en la concesión del predio de Tecnópolis. En paralelo, se hace referencia a vínculos con empresas del sector energético y logístico, incluyendo compañías que han trabajado históricamente con YPF, lo que, según la denunciante, refuerza la necesidad de investigar posibles incompatibilidades.
Otro de los puntos que resalta la diputada es que el propio Adorni integra el directorio de YPF en representación del Estado, lo que, a su criterio, profundiza las dudas sobre la superposición entre funciones públicas y relaciones comerciales privadas en su entorno cercano.
En su denuncia, Pagano incluso traza un paralelismo con antecedentes judiciales como las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en las que se investigaron presuntos mecanismos de utilización de estructuras empresariales familiares para canalizar fondos provenientes de contrataciones con el Estado.
Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial y deberá avanzar en la Justicia para determinar si existió o no delito. Hasta ahora, no se registraron imputaciones formales ni una respuesta pública por parte de Adorni sobre las acusaciones.
El caso abre un nuevo frente político y judicial en torno a la relación entre funcionarios y el sector privado, en un contexto donde la transparencia en la gestión pública vuelve a quedar bajo la lupa particularmente en un sector político que utilizó la moral y la anticorrupción como bandera mientras destapa un escándalo por semana.
¿Se acerca el “Fin”?