Un nuevo episodio encendió alarmas sobre la libertad de prensa en Argentina. Mientras distintos periodistas cubrían el desalojo de siete familias en el barrio porteño de La Boca, efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron a los cronistas para exigirles el DNI y, en algunos casos, ordenarles que borraran fotos y videos del operativo.
Los hechos quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales, donde se escucha a agentes decir frases como: “Borre el registro o dé el DNI”. Las imágenes muestran a los policías interrumpiendo directamente la tarea de quienes estaban documentando el procedimiento.
Periodistas en medio del operativo
El desalojo involucraba a familias en situación de vulnerabilidad, lo que incrementó la presencia de medios y comunicadores que buscaban registrar lo que ocurría en el lugar. En ese contexto, la intervención policial no fue sobre manifestantes ni vecinos, sino sobre trabajadores de prensa identificados como tales.
El rol del periodismo en este tipo de situaciones es dar testimonio de hechos de interés público, especialmente cuando se trata de operativos estatales que afectan derechos básicos como la vivienda.
¿Control de seguridad o intento de intimidación?
El pedido de documentación a periodistas mientras ejercen su labor, sumado a la exigencia de eliminar material registrado, abre un fuerte interrogante:
¿se trató de un control legítimo o de un acto de intimidación hacia la prensa?
Diversos antecedentes sostienen que las fuerzas de seguridad no pueden obligar a periodistas a borrar material ni impedir el registro de procedimientos en la vía pública, salvo en situaciones excepcionales claramente justificadas.
Libertad de prensa bajo presión
El episodio reaviva un debate sensible: qué tan garantizada está la libertad de expresión cuando quienes deben ser observados por la prensa son, justamente, agentes del Estado.
Grabar, fotografiar y documentar operativos no es un delito: es parte del ejercicio del derecho a informar y del derecho de la sociedad a saber qué ocurre.
Lo sucedido en La Boca vuelve a poner el foco en un punto clave de cualquier democracia:
cuando se intenta silenciar la cámara, lo que está en juego no es solo una imagen, sino el derecho a la verdad.